Ya lo advertí el pasado 27 de octubre, desde este mismo espacio. En Calahorra, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, la derecha y la ultraderecha aplaudían y refrendaban con sus votos una ordenanza sobre Vehículos de Movilidad Personal, gestada por Izquierda Unida, que ya entonces se antojaba inoportuna, mal redactada y lo que es peor, que generaba confusión.
Imponía prohibiciones para los jóvenes, obligaciones para todos y regulaba al margen de lo que sucede en el resto del Estado. Al tiempo que con una precipitación innecesaria, establecía normas caprichosas sin fundamentación, que han colocado a Calahorra en un terreno de alegalidad en la materia.
Con la escusa de pretender solucionar el problema de la
seguridad en el uso de los patinetes eléctricos, lo que realmente se ha hecho
es aprobar una ordenanza que desde mañana mismo (día en que supuestamente entra
en vigor) obliga a los ciudadanos a hacer cosas que hoy en día tienen un
cuestionable o nulo respaldo legal.
Solamente el PSOE (desde el sentido común) no apoyó su aprobación,
por considerar que pese a ser necesaria una ordenanza en la materia (eso nadie
lo discute), el texto propuesto era en sí mismo inoportuno y contraproducente, ya
que pretendía regular cuestiones que eran competencia estatal y, por ser lo más
sensato esperar a que la Dirección General de Tráfico regulase el asunto para
toda España. De nada sirvió la sensatez. El extraño tripartito que gobierna la
ciudad. (PP, VOX, IU) ya tenía decidido respaldar con sus votos esta
regulación.
Casi tres meses después, y a un día de que entre en vigor, según fuentes municipales consultadas, me confirman que la
alcaldesa de Calahorra ya tiene en su poder un informe jurídico redactado por
un sindicato policial, en el que se manifiestan buena parte de las dudas que
sobre la oportunidad y la legalidad de esta ordenanza plantean aquellos y
aquellas que han de aplicarla. La propia policía. Un informe que se acompaña de una solicitud
para que ante las graves evidencias de que dicha ordenanza pudiera vulnerar el
ordenamiento jurídico y constitucional, desde el propio Ayuntamiento se remita
la misma al Consejo Consultivo de la Rioja.
Pero no queda ahí el alcance de esta chapuza. No. Resulta
que entre las muchas obligaciones sin aparente respaldo legal que la ordenanza
impone, hay una que está generando especial controversia. Se trata de la
obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil si usas un
patinete. Algo exclusivo de Calahorra, y que hoy en día no sucede en el
resto de España.
A partir de mañana día 14, cualquier persona (adulta o
menor) que se monte en uno de estos vehículos en Calahorra para ir a trabajar,
al hospital, o donde considere, deberá tener contratado un seguro, o se
arriesga a ser denunciado y que se le decomise su vehículo. Pero cuando te
pones en contacto con las mas reconocidas compañías de seguros que operan en
España, en La Rioja y en Calahorra, la respuesta es unívoca…No te hacen el
seguro. No tienen autorización para asegurar ese tipo de vehículos. Ni AXA, ni Mapfre,
ni Allianz te aseguran el patinete eléctrico…el que quiera puede hacer la
prueba e intentarlo. Yo la he hecho.
Los motivos para que todas estas compañías no aseguren este
tipo de vehículos es muy sensata y de una lógica aplastante. No pueden contratar
pólizas en una materia que está pendiente de concretarse, mucho menos cuando la
previsión es que estos vehículos terminen precisando de un importe asegurado
mucho mayor al que esta ordenanza chapucera determina. No tienen manera de
determinar cual va a ser la cobertura que van a tener que cubrir, si 300.000 o
50 millones.
Las compañías de seguros piden prudencia y calma. Huyen de
la precipitación y trabajan desde el sentido común. Algo de lo que podrían aprender en el
tripartito.
El resultado de todo esto es que mañana, a partir de doce de
esta misma noche, en Calahorra entra en vigor una ordenanza sobre patinetes
eléctricos que es un “quiero y no puedo”. Un “brindis al sol” sin ningún amparo
regulatorio estatal, que determine cuales son los mecanismos y herramientas
necesarias para poder desarrollar buena parte de sus artículos. Una ordenanza que
podría vulnerar los principios de igualdad, proporcionalidad y legalidad y, que
genera una inseguridad jurídica innecesaria…
Una chapuza más en la interminable lista de irresponsabilidades del
Partido Popular y sus extravagantes socios de gobierno.
Y te dejas algo que decir: todo ello por el capricho y el afán de protagonismo de quien tiene por único adorno su manifiesta inutilidad.
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